La diputada Nay Salvatori presentó una propuesta de reforma legal que busca sancionar a las personas que finjan su propia desaparición o la de alguien más, con el fin de evitar abusos del sistema de búsqueda y optimizar los recursos destinados a casos reales.
De acuerdo con la legisladora, su iniciativa contempla penas de uno a tres años de prisión, además de la obligación de asistir a cursos de salud mental y perspectiva de género. La propuesta será analizada y sometida a consulta con expertos, colectivos y organismos de derechos humanos, para garantizar que no vulnere derechos ni criminalice a víctimas reales.
Una iniciativa para frenar abusos del sistema de búsqueda
Nay Salvatori destacó que su intención no es castigar a quienes denuncian una desaparición real, sino evitar que los recursos de seguridad y rescate se desvíen hacia casos falsos.
“Cada vez que alguien simula una desaparición, se movilizan autoridades, unidades de búsqueda y cuerpos de emergencia, lo que retrasa la atención a víctimas reales”, explicó la diputada.
La legisladora subrayó que las falsas desapariciones generan un impacto social y económico considerable, especialmente cuando derivan en cierres de vialidades, movilizaciones o bloqueos.
Estos actos no solo afectan a la ciudadanía, sino que también desgastan la confianza en las instituciones encargadas de atender casos de desaparición forzada.
Propuesta con enfoque en salud mental y género
La propuesta de Nay Salvatori busca incorporar un enfoque integral, que combine sanción penal con medidas de prevención y apoyo psicológico.
Además de la pena de prisión, las personas que sean declaradas culpables de fingir una desaparición tendrían que tomar cursos obligatorios en salud mental, autocuidado emocional y perspectiva de género, con el objetivo de fomentar la responsabilidad social y evitar reincidencias.
Este componente educativo, señaló la diputada, pretende abordar las causas psicológicas que pueden llevar a una persona a simular una desaparición, al mismo tiempo que promueve una cultura de empatía hacia las víctimas verdaderas.
Consulta con colectivos y especialistas
Antes de que la iniciativa sea discutida en el Congreso, Salvatori informó que se abrirá un proceso de consulta pública con organizaciones feministas, especialistas en salud mental y familiares de personas desaparecidas.
El objetivo es garantizar que la reforma no criminalice a víctimas ni interfiera con el derecho a la búsqueda y la denuncia.
“Queremos escuchar todas las voces, sobre todo las de quienes han vivido una desaparición real. La ley debe proteger, no castigar injustamente”, enfatizó la diputada.
Impacto social y necesidad de regulación
De acuerdo con Salvatori, las falsas desapariciones no son un fenómeno nuevo, pero sí un problema creciente que ha afectado la credibilidad de los protocolos de búsqueda en varias entidades del país.
Cada movilización implica gastos en combustible, personal operativo, logística y coordinación interinstitucional, recursos que podrían destinarse a localizar a personas desaparecidas de verdad.
La legisladora reiteró que su propuesta no tiene tintes punitivos, sino preventivos y educativos, orientados a fortalecer la confianza ciudadana y la eficiencia de los mecanismos de respuesta ante desapariciones.
