La transformación de las formas de comunicación y el creciente uso de las tecnologías de la información han convertido a las redes sociales en algunos de los principales canales para acceder, consultar y difundir contenidos. Su impacto trasciende el entretenimiento, al participar en la construcción de opinión pública, la participación ciudadana y los procesos de toma de decisiones y políticas públicas.
Ante este escenario, surgen desafíos relacionados con la regulación de contenidos, la veracidad de la información y los mecanismos de filtrado, pero también con la responsabilidad de las personas usuarias para evitar la propagación de contenidos falsos que pueden fomentar la polarización o reforzar posturas ideológicas.
Al respecto, el doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, especialista de la BUAP en ciencia política y comunicación social, planteó la necesidad de mantener una mirada crítica frente a los contenidos que circulan en redes sociales y otras plataformas digitales, así como de avanzar en mecanismos de regulación que permitan proteger a la ciudadanía.
El investigador, adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), señaló que cuestionar la veracidad de la información difundida en plataformas digitales resulta fundamental, debido a que detrás de los contenidos pueden existir diversos intereses.
En este sentido, destacó la alfabetización mediática como una de las líneas de acción que se han implementado en algunos países, particularmente dirigida a personas adultas que requieren herramientas y criterios para distinguir entre información falsa y contenidos sustentados en fuentes confiables.
Sobre la regulación de las redes sociales, explicó que las propias plataformas ya cuentan con mecanismos de moderación para determinados contenidos, como desnudos, material sexual o violencia explícita. Añadió que en algunos países también existen disposiciones que obligan a las plataformas a retirar información falsa cuando esta es identificada y notificada.
Echeverría Victoria consideró que en México y América Latina este proceso ha avanzado con mayor cautela, debido, entre otros factores, a la apuesta de las plataformas por la autorregulación. Como referencia, mencionó el caso de Brasil, donde las autoridades han intervenido ante situaciones relacionadas con la circulación de contenidos digitales y procesos políticos.
En cuanto al debate entre regulación y libertad de expresión, el especialista señaló que en Europa esta discusión ha planteado como uno de sus elementos centrales la protección de la integridad de los procesos electorales y del derecho de las personas a recibir información que no las induzca al engaño o la manipulación.
El investigador también llamó la atención sobre otros riesgos asociados con las plataformas digitales, entre ellos el uso de redes sociales para atraer a jóvenes mediante falsas ofertas laborales que pueden derivar en situaciones de explotación. Ante estos casos, planteó la necesidad de considerar medidas de protección para las personas usuarias frente a situaciones de alto riesgo.
Asimismo, se pronunció por establecer controles en canales digitales utilizados para ofrecer productos o servicios que pueden funcionar como mecanismos para cometer fraudes. En su opinión, los espacios mediante los cuales se hace llegar este tipo de información deben contar con mecanismos que contribuyan a prevenir posibles afectaciones a los usuarios.
Echeverría Victoria destacó además la contribución que puede realizar la academia en la generación de propuestas y conocimiento que incidan en las decisiones de quienes diseñan y legislan sobre estos fenómenos. Reconoció, sin embargo, que los asuntos vinculados con la política y la industria pueden presentar mayores dificultades para incorporar resultados de investigación y propuestas académicas, por lo que consideró necesario mantener un trabajo constante de acercamiento y diálogo.
En este contexto, mencionó como ejemplo la Ley Olimpia, al señalar que existen oportunidades en las que el conocimiento y el trabajo académico pueden contribuir a impulsar cambios normativos y sociales.
Inteligencia artificial, un nuevo desafío
Respecto al papel de la inteligencia artificial (IA), el investigador advirtió que el riesgo no se limita a su capacidad para generar contenidos, sino también a su utilización como herramienta para sofisticar y acelerar la producción y distribución de desinformación.
Como ejemplo, hizo referencia a un reportaje publicado por The New York Times sobre una campaña en Instagram en la que participaron miles de cuentas de influencers que, según el reportaje citado, no correspondían a personas reales. De acuerdo con Echeverría Victoria, las cuentas contaban con seguidores y difundían contenidos de apoyo al movimiento MAGA (Make America Great Again) y a Donald Trump, mientras que sus discursos presentaban similitudes.
A partir de este fenómeno, destacó la importancia de que el Estado considere mecanismos para proteger a la ciudadanía frente a operaciones de desinformación que pueden aprovechar tecnologías automatizadas para ampliar su alcance.
Finalmente, el especialista subrayó que la responsabilidad frente a la desinformación también corresponde a las personas usuarias. Ante contenidos sospechosos o cuya fuente no sea reconocible, recomendó evitar compartirlos o interactuar con ellos y consultar otras fuentes y perspectivas de análisis antes de contribuir a su difusión.
De esta manera, señaló que desde el uso cotidiano de un teléfono celular es posible adoptar prácticas responsables que ayuden a limitar la propagación de información falsa y favorezcan una ciudadanía con mayores elementos para analizar críticamente los contenidos que recibe y comparte.
