El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, presentó un recurso de queja ante un tribunal federal para revertir la suspensión de la polémica Ley de Ciberseguridad, dictada por un juez en beneficio del académico Roberto Celaya Figueroa. De acuerdo con el medio de comunicación El Sol de México la medida judicial detuvo temporalmente la aplicación de la normativa, al considerar que podría afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y abrir la puerta a la censura digital.
Según documentos judiciales, la Consejería Jurídica del estado interpuso la queja el pasado 4 de julio ante el Primer Tribunal Colegiado en materia penal. El gobierno argumenta que la suspensión perjudica el interés público, ya que impide sancionar conductas como el ciberacoso en redes sociales. Sin embargo, la resolución solo protege al académico que promovió el amparo.
El revuelo generado por la llamada “Ley Censura” no se limita a los tribunales. Diversos sectores, entre ellos organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas, han manifestado su preocupación por el alcance de esta reforma al Código Penal de Puebla. En especial, la atención se centra en el artículo 480, que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes insulten, ofendan o agravien reiteradamente a través de plataformas digitales.
Frente a estas inquietudes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Red de Periodistas Puebla fue una de las primeras en solicitar formalmente la intervención del organismo, advirtiendo que la ley podría usarse para reprimir voces críticas y limitar la labor periodística.
En un comunicado, la CNDH expresó su inquietud por el diseño del nuevo delito de ciberasedio, el cual considera ambiguo y con potencial para ser aplicado de forma arbitraria. También subrayó que la sanción contempla penas elevadas que podrían desalentar la participación ciudadana en entornos digitales.
¿Qué plantea la Ley de Ciberseguridad?
La reforma, vigente desde el 14 de junio tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, busca tipificar una serie de delitos cometidos en medios digitales, como ciberasedio, espionaje informático, suplantación de identidad, fraude electrónico, hacking y grooming. No obstante, su artículo 480 ha sido duramente cuestionado por su redacción ambigua, que deja margen para interpretaciones excesivas por parte de las autoridades.
La normativa establece sanciones de hasta tres años de prisión y multas de más de 39 mil pesos por emitir mensajes considerados ofensivos o repetitivos que causen un perjuicio emocional o físico. En caso de que la víctima sea menor de edad, las penas pueden aumentar significativamente.
Además de su vaguedad, la ley ha sido criticada por otras deficiencias: no contempla mecanismos preventivos ni de capacitación, carece de protocolos de respuesta ante incidentes cibernéticos graves y omite amenazas mayores como ataques de hackers internacionales, espionaje de Estado o sabotajes a infraestructura crítica.
También se advierte una falta de coordinación interinstitucional, lo que complica la colaboración con otras entidades del país o incluso con agencias internacionales, algo crucial para enfrentar delitos digitales que rebasan los límites estatales.
Riesgos de censura y vacío legal
Expertos en derechos digitales han alertado que, en lugar de brindar mayor seguridad, la ley podría generar un ambiente de autocensura. Cualquier crítica en redes sociales podría ser malinterpretada como ciberasedio, lo cual disuadiría la participación ciudadana y el libre intercambio de ideas.
Paradójicamente, mientras la normativa intenta combatir los delitos cibernéticos, deja sin cobertura efectiva a empresas, instituciones públicas y población frente a ciberamenazas complejas como el robo de datos masivos o la interrupción de servicios esenciales.
De no corregirse, la legislación podría sentar un precedente preocupante para otros estados que pretendan replicar leyes similares sin el debido análisis y sin salvaguardar los derechos fundamentales.
En espera de la Corte
Con el recurso de impugnación interpuesto por el gobierno estatal y la inminente acción de inconstitucionalidad que podría promover la CNDH, será la Suprema Corte de Justicia la que tenga la última palabra sobre la validez y aplicación de esta controvertida ley. En juego no solo está la persecución del cibercrimen, sino también el equilibrio entre seguridad y libertad en el entorno digital poblano.
