En días recientes, el caso de Silvia Flores, una joven madre poblana, se volvió viral tras denunciar públicamente al médico Willebaldo Montiel Tizcareño y a su clínica de especialidades WMM6 por presunta negligencia médica y violencia obstétrica. Aunque los hechos ocurrieron en enero, Silvia decidió contar su experiencia tras meses de miedo y silencio.
A través de una publicación en redes sociales, relató que eligió dicha clínica para su control prenatal, pero nunca fue atendida directamente por el doctor Tizcareño, sino por un médico asistente. Al preguntar por qué el titular no la veía, le respondieron que “él solo entra al quirófano”.
En la semana 35 de gestación, Silvia presentó contracciones y presión arterial alta, lo que no fue atendido con la urgencia necesaria. Aunque se le practicó un ultrasonido y se detectaron signos de alerta, el personal minimizó la situación. Eventualmente, le informaron que su placenta había dejado de funcionar, por lo que requería una cesárea de emergencia.
Durante la preparación para la cirugía, sufrió múltiples intentos fallidos de canalización que le dejaron hematomas, y tuvo que esperar dos horas debido a la ausencia del anestesiólogo, pediatra y del propio ginecólogo. Según su testimonio, cuando por fin fue intervenida, el médico no verificó si la anestesia había surtido efecto antes de comenzar la operación y se retiró poco después, presuntamente porque estaba atendiendo asuntos personales relacionados con su patrimonio.
Su bebé, al nacer, presentó problemas respiratorios severos. Fue entubado, se le colocó una sonda sin el consentimiento de los padres, y luego fue trasladado de emergencia al IMSS La Margarita, donde fue diagnosticado con neumonía e infecciones múltiples. El recién nacido permaneció hospitalizado por más de un mes.
Pese a la crítica situación, la clínica le cobró más de 130 mil pesos, sin ofrecer respuestas claras.
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¿Quién es el Dr. Tizcareño W?
Lo que comenzó como el testimonio aislado de una joven madre poblana se convirtió rápidamente en una ola de denuncias colectivas en redes sociales. El nombre del médico Willebaldo Montiel Tizcareño, mejor conocido como Dr. Tizcareño W, quedó en el ojo del huracán tras ser señalado por presunta negligencia médica y violencia obstétrica.
A raíz de la denuncia de Silvia Flores —quien acusa al médico de no haberla atendido adecuadamente durante su parto, lo que resultó en graves complicaciones para su bebé—, decenas de mujeres compartieron sus propias experiencias, muchas de ellas similares, y algunas incluso implicaron también al padre del médico, el Dr. Willebaldo Montiel.
Los testimonios hablan de falta de seguimiento adecuado durante el embarazo, diagnósticos tardíos, omisión de protocolos médicos básicos y decisiones tomadas sin el consentimiento de las pacientes. Una usuaria lo resumió en una frase que se ha repetido con fuerza: “Podemos pagar vidas”.
La situación escaló el domingo 22 de junio, cuando el médico eliminó sus perfiles en redes sociales y borró contenido de autopromoción. Su clínica bloqueó los comentarios críticos, dejando visibles únicamente reseñas positivas, lo que solo aumentó la molestia de los usuarios.
La respuesta oficial no se hizo esperar. Las autoridades clausuraron el inmueble como medida preventiva mientras se desarrolla una investigación. Sin embargo, ni el médico ni la clínica han emitido hasta ahora una postura pública formal.
Lo que más ha sorprendido a la opinión pública es que, al consultar el Registro Nacional de Profesiones, se comprobó que Tizcareño W no tiene una especialidad registrada en ginecología u obstetricia. Su cédula profesional, expedida en 2003, solo lo acredita como médico cirujano general, lo que ha encendido las alarmas sobre la legalidad de sus prácticas médicas.
A pesar de que en sus perfiles solía promocionarse como “especialista en atención prenatal” y aseguraba tener estudios en la Universidad La Salle, no existen registros oficiales que respalden dichas credenciales.
El caso ha sacudido a la sociedad poblana y plantea preguntas urgentes sobre la regulación y supervisión de clínicas privadas, así como la seguridad y los derechos de las mujeres durante el embarazo y parto. Para muchas, este escándalo es más que una denuncia individual: es un llamado colectivo a garantizar una atención médica digna, ética y profesional.
